La Consejera de Igualdad y Bienestar Social reconoce que la Junta le ha abierto un expediente sancionador al geriátrico por una falta leve

Izquierda Unida afirma que la situación del geriátrico de Valdelagrana es una muestra de “cómo está aplicando el Gobierno andaluz la Ley de Dependencia y de la falta de recursos”
 
El parlamentario andaluz de Izquierda Unida por Cádiz, Ignacio García, ha preguntado esta mañana en Pleno de la Cámara andaluza a la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, sobre la valoración del Gobierno andaluz en relación con el funcionamiento del geriátrico Gecosol – Puerto Luz en El Puerto de Santa María. En su intervención, la titular de Bienestar Social ha reconocido la apertura de un expediente sancionador como consecuencia de una falta administrativa de carácter leve contra el centro por razones que no ha especificado.

La interpelación de Izquierda Unida es la respuesta a las denuncias realizadas sobre la dudosa calidad del servicio prestado en el centro y el funcionamiento del mismo, derivado fundamentalmente, según la formación política, de la escasez de personal y del uso de material inadecuado para atender a los ancianos. En su intervención, la consejera ha asegurado, sin embargo, el correcto funcionamiento de la residencia y ha afirmado que la Junta realiza inspecciones continuas, justificando incluso la inspección que se llegó a hacer en horario nocturno, “cuando los ancianos dormían y el centro requiere de menor atención de personal”, puntualiza el diputado.

El parlamentario de Izquierda Unida aprovechó su turno de réplica para mostrar el cuadrante de turnos, que demuestra, según denunciaba, que en un turno normal, con sólo cinco auxiliares geriátricos para 109 ancianos internos, la mayoría dependientes, se está atendiendo a una media de entre 17 y 20 ancianos por auxiliar, “lo cual, teniendo en cuenta las tareas del día a día como higiene, movimientos y cambios posturales, tratamientos, etc, parece excesivo y superior a la propia ratio exigida por la Junta”.

Ignacio García ha exigido a la consejera que agilice la entrega de las copias de las actas de las inspecciones realizadas, que no fueron siquiera puestas a disposición de la inspectora municipal, propietaria de los terrenos, cuando ésta realizó una inspección.

Con objeto de aclarar este asunto, el diputado andaluz y la portavoz municipal de IULV-CA en El Puerto, Pepa Conde, mantuvieron esta semana una reunión con la dirección general de la empresa del geriátrico, a la que la formación política trasladó los datos sobre las posibles anomalías del centro. Este encuentro, según apunta, parece que ha servido para introducir mejoras como el uso de material desechable para labores de higiene y para la compra de grúas para ayudar a la movilidad –hasta hora sólo se disponía de una grúa para tres plantas.

Para Izquierda Unida, el asunto de Gecosol no es un problema exclusivo, sino “la muestra de cómo encara la Junta de Andalucía la Ley de Dependencia, donde hay que empezar por reconocer que Andalucía no dispone de los recursos necesarios para atender a las personas dependientes, según el informe del Defensor del Pueblo de 2007”.

García recuerda que la provincia de Cádiz cuenta con más de 50.000 personas mayores de 65 años, potenciales usuarios de residencias de ancianos, mientras que la provincia cuenta con menos de 5.000 plazas entre centros públicos, privados concertados y privados. Esta situación, según el diputado, está llevando a la Junta a concertar “sin demasiado rigor con empresas privadas surgidas al calor de la nueva Ley de Dependencia, en muchos casos, sin que se garantice la calidad mínima exigible”.


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