Izquierda Unida muestra su satisfacción por el auto judicial porque «confirma la seriedad del trabajo de IU al denunciar la gestión de IP»

La formación política anuncia que seguirá ejerciendo la acusación particular porque entiende que la denuncia inicial sobre el “periodo negro de IP” sigue teniendo validez

Izquierda Unida ha mostrado su satisfacción por que el procedimiento sobre el derribo parcial de la Casa de las Cadenas en El Puerto de Santa María siga delante de acuerdo con el auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 3 de El Puerto de Santa María, a raíz de la denuncia interpuesta por Izquierda Unida. El parlamentario andaluz de Izquierda Unida y anterior portavoz municipal de IULV-CA en El Puerto, Ignacio García, ha señalado que “con toda la prudencia posible, ante la continuación del proceso, se confirman en sus aspectos más esenciales los términos de nuestra denuncia”, a la vez que indica que el auto “viene a respaldar la seriedad del trabajo de IU al denunciar la irresponsabilidad de Independientes Portuenses”.

 

El diputado andaluz apunta que Izquierda Unida seguirá ejerciendo la acusación particular y “nuestros servicios jurídicos estudian la posibilidad, por la vía de la apelación, de ampliar las actuaciones que se derivan del auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 3 de El Puerto, al entender que nuestra denuncia inicial sigue siendo válida”.

Para García, lo realmente importante es que “se está hablando de delitos graves que como mínimo pueden conllevar penas de inhabilitación y multa e incluso penas mayores”. Hay que recordar que el auto emitido por el Juzgado imputa por posibles delitos de prevaricación al ex alcalde de El Puerto, Hernán Díaz, al ex primer teniente de alcalde de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez y al anterior y actual arquitecto jefe del Servicio de Licencias, Fernando Jiménez Fornell, además de por un posible delito de desobediencia grave a Díaz y a Jiménez. El auto imputa asimismo a dos de los administradores de la empresa Rufino Naves, SA, por un posible delito de desobediencia y delito contra la ordenación del territorio. Para Izquierda Unida, “lo de la Casa de las Cadenas, puede que sea sólo una muestra del que podríamos llamar periodo negro del gobierno de IP, en lo que se refiere a la legalidad urbanística y a la protección del patrimonio”.  

García confía en que el desarrollo de todos los procesos judiciales que se siguen en los tribunales sirvan para “curar a los portuenses de aventuras político-empresariales como la que representó IP en su día, que prioritariamente optó por la defensa de los intereses particulares en lugar de los de interés general”.


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