Nuevo desprecio de PP y PA hacia los inquilinos de las viviendas municipales

La oposición denuncia la nueva salida de tono de Enrique Moresco al ordenar, una vez más, el desalojo del salón de plenos.

PSOE, IU e IP acusan al Gobierno Local de aplicar el rodillo de la mayoría absoluta para no negociar ni debatir.

Los tres grupos que conforman la oposición municipal han lamentado “la falta de sensibilidad y el desprecio hacia la ciudadanía que han protagonizado hoy PP y PA, al desalojar a las personas asistentes al pleno”.

Los portavoces de IU, PSOE e IP han coincidido en reprobar la actitud del alcalde al ordenar el desalojo, en un claro intento de imponer “la política del miedo” a quienes manifiestan su disconformidad. Pero lo más grave de ello es que “el alcalde ha entrado en una dinámica peligrosa, dado que no es la primera vez que desaloja el pleno y parece que va a ser una rutina cada vez que algún ciudadano muestre su disconformidad con el gobierno local”.
 

Desde la oposición recuerdan que su labor como Presidente del Pleno es calmar y moderar, “pero el señor Moresco hace todo lo contrario ya que genera tensión y actúa como alborotador”. Por lo que consideran que no está capacitado para dirigir el pleno y mucho menos para ser Alcalde de esta ciudad.

Esta actitud, que además es aceptada por su socio, demuestra que “PP y PA no buscan el consenso, sino todo lo contrario, ya que pretenden desprestigiar y ridiculizar a la oposición y despreciar a la ciudadanía, que lo único que ha hecho es defender sus derechos y denunciar el atropello al que se ven abocados con la nueva Ordenanza del Registro de Demandantes de Viviendas Municipales”.

De hecho, todas las alegaciones presentadas han sido desestimadas, cuando además el texto inicial se elaboró sin contar con la participación de los inquilinos ni de los grupos de la oposición.

Con la nueva ordenanza aprobada por PP y PA, se incrementa la renta en un 67%, se eliminan las reducciones y exenciones de renta y se les gravará el IBI, por lo que muchas familias con dificultades económicas no podrán hacer frente al pago, circunstancia por la que podrán ser desalojadas de las viviendas municipales.


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