Moción en defensa de los Servicios Esenciales Municipales ante la liberalización del Mercado Energético en España

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El proceso de implementación del proyecto neoliberal en nuestro país, marcado en gran medida por las políticas socio-económicas impuestas por las instituciones supranacionales de la U.E. y adoptadas y defendidas por los últimos gobiernos españoles independientemente de su color político, ha significado la privatización y mercantilización de servicios y empresas estratégicas, afectando negativamente a la mayoría de la población y a las instituciones públicas que prestan servicios básicos fundamentales a la ciudadanía.

A pesar de la crisis financiera y socio-económica por  la que atraviesa el modelo imperante en las últimas décadas, desde los poderes económicos y políticos dominantes se sigue implementando esas políticas fracasadas. De acuerdo con esta política socio-económica suicida para los intereses generales y públicos, ahora toca completar el denominado proceso de “liberalización del mercado energético”.
 

Culminado este proceso para los grandes consumidores en Alta Tensión, y visto el fracaso de la “liberalización” para los suministros de Baja Tensión que comenzó en el año 2000, la Ley 17/2007 suprime, a partir del día 1 de enero de 2009, el sistema tarifario de electricidad aunque prevé el establecimiento de unas tarifas de “último recurso”, que son precios máximos y mínimos establecidos por la Administración para determinados consumidores, para quienes se concibe el suministro eléctrico como servicio universal.

El Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, que regula la puesta en marcha del suministro del último recurso en el sector de la energía eléctrica, establece que a partir del 1 de julio de 2009 las tarifas integrales de energía eléctrica quedan extinguidas. Asimismo, establece que pueden acogerse a las tarifas de último recurso los consumidores finales de energía eléctrica conectados en baja tensión cuya potencia contratada sea inferior o igual a 10 KW. No obstante, dicho límite de potencia podrá ser modificado por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio.

Por ello, a partir del 1 de julio todos los suministros de baja tensión que no hayan optado por el pase al “mercado libre” (contratando el suministro con una comercializadora) pasan a una COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO (CUR) con una TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO (TUR) regulada por el gobierno. Las CUR serán las únicas comercializadoras obligadas a contratar los suministros con derecho a ello y al precio fijado por el gobierno, además de ser las únicas comercializadoras que podrán dar el BONO SOCIAL.

Los efectos a corto y medio plazo serán importantes para la inmensa mayoría de la población y, sobre todo, para las administraciones públicas que tienen la obligación de prestar servicios esenciales a la sociedad. Especialmente los Ayuntamientos se encontrarán a expensas de los intereses privados de las empresas comercializadoras.  

Esta situación va a provocar irremediablemente que los Ayuntamientos con potencia contratada superior a los 10 KW., y  por tanto sin derecho a tarifa de último recurso, tengan que iniciar la contratación del suministro eléctrico con una comercializadora y negociar las tarifas. Esto en una situación de falta de información e incertidumbre donde las Corporaciones Locales están siendo estigmatizadas por las compañías cuasi monopolísticas que controlan el mercado.

Además, mientras los Ayuntamientos culminan los expedientes correspondientes para contratar el suministro, serán penalizados con un 5% cada mes mientras no se pasen al “mercado libre”, pues la norma así lo establece para estimularlos a que lo hagan. La subida de la tarifa eléctrica consecuentemente para la mayoría de los Ayuntamientos, en los próximos meses, será muy elevada.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida  somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María la  siguiente propuesta de ACUERDO:

  1. Solicitar al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con carácter de urgencia, un aplazamiento del plazo fijado por el RD 485/2009, con la finalidad de que los Ayuntamientos puedan disponer de un calendario adecuado para poder responder a esta nueva y negativa situación.
  2. Solicitar, mientras tanto, la suspensión sine die de la penalización del 5% cada mes en el recibo eléctrico que deben pagar los ayuntamientos por no pasarse al supuesto “mercado libre” impuesto.
  3. Exigir al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que, urgentemente, considere a los SERVICIOS ESENCIALES MUNICIPALES (alumbrado público, centros de educación obligatoria, guarderías, residencias y centros de mayores, centros de servicios sociales, albergues, y a los servicios públicos en general), que tengan una potencia contratada menor o mayor de 10KW., como afectados por la TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO, con la obligación de las Comercializadoras de Último Recurso de prestar el suministro a las Corporaciones Locales.  
  4. Dar cuenta de este acuerdo a la Junta de Andalucía, la FAMP y la FEMP.

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